Eduardo Robinson - Economista
BUENOS AIRES.- El blanqueo es la muestra más acabada de la falta de dólares y la suba de la divisa en el mercado paralelo es la expresión de la abundancia de pesos que los argentinos rechazan. La urgencia de la administración Kirchner por hacerse de las divisas sin importar su origen representa el agotamiento del modelo económico, en medio de agitadas discusiones paritarias, de una estampida inflacionaria y de caída del consumo que ya está afectando al empleo.
El gobierno insiste en negar la realidad transformándola con un relato que ya no enamora ni a los más fanáticos kirchneristas. Ya se ha dejado de lado la discusión sobre alguna maniobra sofisticada de corrupción. Hoy el debate está instalado en cuestiones más mundanas que ni siquiera los más encendidos defensores del modelo pueden atreverse a esgrimir argumentos.
El mensaje que parte desde la Casa Rosada se confronta con la realidad: mientras se busca asegurar la mesa de los argentinos y se dice que una persona puede comer con $ 6 diarios, cae la producción de granos y se liquida el stock ganadero, al tiempo que la mendicidad pasea su tétrica figura por las calles de cualquier ciudad del país.
Mientras se insiste en que no hay problemas con el suministro de gas y electricidad, se interrumpen esos servicios en invierno y en verano por defecto de oferta, bajo la infantil excusa de que empresas tienen contratos bajo cláusulas de cortes por eventuales falta de suministro. La manipulación tarifaria es la única responsable de la crisis energética manifestada en la multimillonaria compra de combustibles importados.
La Argentina se ha "comido" todas las reservas de gas y de petróleo y ahora hay que pagar miles de millones de dólares para abastecer al mercado. No es casual, entonces, que la mayoría de las empresas distribuidoras de gas y electricidad se encuentren en situación de quebranto. Todos estos factores, impulsados por una de las tasas de inflación más altas del mundo, están aumentando la temperatura social que se manifiesta a través de un elevado grado de protestas en las calles y con un aumento del crimen sin precedentes. Tampoco es casual que este temor por eventuales desbordes sociales impacte de lleno en los principales escritorios del país.
Una encuesta de Price Waterhouse, difundida por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), reveló que la mitad de los CEO teme que haya inestabilidad social en los próximos meses, al tiempo que la totalidad de ellos identificaron a la inflación como el principal problema del país. Cuatro de cada cinco empresarios remarcó que la corrupción y los sobornos son otros de los principales problemas que afecta a la economía, mientras que siete de cada ocho ejecutivos considera que la economía está entrampada por normas regulatorias.
La administración Kirchner levanta la bandera de la regulación y la discrecionalidad sobre un país que le ha quitado su confianza y sobre una economía que está mostrando síntomas de fatiga desde el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández. De un crecimiento del 9% en 2011 a solo 2% en 2012. Esto en términos monetarios implica una caída de U$S 38.500 millones, equivalentes al actual nivel de reservas. Las reservas sólo representan la mitad del M2 -el circulante más los depósitos a la vista-, lo cual implica que si se quisiera respaldar toda esa masa monetaria, el tipo de cambio tendría una equivalencia del doble de la actual. Todo esto sin respaldar los plazos fijos y las obligaciones del BCRA entre Lebac, Nobac y pases pasivos. Si se contaran estos pasivos, el tipo de cambio se duplicaría una vez más. El kirchnerismo se ha esforzado y con méritos propios ha colocado al país al borde del abismo.